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Enviado el Lunes, 05 marzo a las 06:44:00 por admin

Ex funcionaria del CNE, ofrece pruebas de fraude electoral.


No se auditaron 6.540 máquinas de votación usadas el 3-D equivalentes a 2 millones de voto
Caracas, marzo 4 (Sabrina Segovia M).- Existen documentos que pueden probar que hubo fraude electoral en el comicio presidencial. Seis mil 540 máquinas automatizadas de votación no fueron auditadas, lo que representaría la manipulación de al menos 2 millones de sufragios. Esta acusación la emitió la ex funcionaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) con 25 años de trayectoria dentro de esta institución, Ana Mercedes Díaz Cardozo de Guía, abogada y ex directora de Partidos Políticos durante la administración de Francisco Carrasquero.
En una entrevista exclusiva para Notitarde, la especialista electoral, quien advierte que fue amenazada de muerte por el vicepresidente Jorge Rodríguez, decidió romper el silencio y compartir con Venezuela su investigación sobre las irregularidades cometidas por el arbitro electoral.
Todos los documentos y pruebas que da, señalan que fueron extraídos del propio Consejo y de la empresa Smartmatic.
Díaz contó que en el Boletín de Información Número 2 del CNE, publicado el 16 de octubre de 2006, se precisó la ejecución de una auditoría a los componentes de las máquinas de votación SAES3000 y SAES3300.
Hasta ese momento el Poder Electoral poseía 4 mil 500 SAES3300 y 25 mil SAES3000, para un total de 29 mil 500 máquinas automatizadas de votación, ambos modelos se usarían para la elección presidencial. Dichos equipos fueron auditados.
"El boletín informativo es del CNE, ellos mismos dicen que revisaron junto con la oposición 29 mil 500 máquinas de votación, es una declaratoria del CNE, eso no lo inventó nadie, eso lo dijeron ellos."
Sin embargo, en un boletín de Smartmatic, publicado el 23 de junio de 2005, manifiesta haber vendido al CNE 5 mil 500 SAES3300, por lo que da en total 30 mil 500 máquinas y no 29 mil 500 como pregonaba el árbitro, es decir, "ocultó la existencia de mil máquinas."
Otro dato, en el contrato de CNE- Smartmatic firmado el 15 de marzo de 2004 "prueba indubitable" sólo se especificaba la compra de 20 mil SAES3000 y no de 25 mil equipos, es decir, el órgano electoral adquirió discretamente 5 mil máquinas de ese modelo entre 2004-2006.
Estos detalles son importantes pues en la Infraestructura Electoral utilizada el 03 de diciembre de 2006, (documento extraído del CNE), se puntualiza que en la contienda se utilizarían oficialmente 32 mil 331 máquinas automatizadas y según informaciones emitidas por el propio árbitro se evidenció que no se auditaron 2 mil 831 máquinas de sufragio.
Si en la Infraestructura especifica que se usaron 32 mil 331 máquinas pero nada más auditaron 29 mil 500 máquinas, al restar ambos números da 2 mil 831 equipos a los cuales no se les revisó ni el hardware ni el software.
Como si no fuera suficiente, el 25 de octubre de 2006, el CNE suscribió dos nuevos contratos con Smartmatic para adquirir otras 5 mil 540 máquinas SAES3300, tal información se puede leer en un boletín de Smartmatic, fecha 8 de noviembre de 2006, las que se sumarían a las 30 mil máquinas existentes. La abogada subraya que esta última adquisición sería técnicamente imposible de auditar por razones de tiempo.
30 mil máquinas más 5 mil 540 da en total 36 mil 040 equipos, entonces ¿por qué la Infraestructura Electoral puntualiza que nada más hay 32 mil 331 equipos de votación para usar?
La ex funcionaria se plantea esta duda pues si se resta 36 mil 040 y 32 mil 331 da en total 3 mil 709 máquinas que no fueron sometidas a ningún chequeo más las 2 mil 831 sin auditar reportadas por el CNE, eso suma 6 mil 540 máquinas de votación que no fueron observadas ni verificadas por ningún actor político.
"¿Dónde estaban esas máquinas el 3-D?, pueden decirme a mí que eran de repuesto para cambiarlas en caso de emergencia, perfecto, pero todo el mundo tiene que chequear el software, programa y componentes de cada SAES3000 o SAES3300, todos teníamos que saber el número exacto de máquinas compradas. ¿Donde estaban instaladas esas máquinas? Yo no sé si los equipos estaban en Fuerte Tiuna o en Cuba. Todo eso lo que hace es enrarecer y restar confiabilidad al proceso electoral"
Díaz plantea que si cada equipo tiene capacidad de almacenar entre 370 y 400 votos existe la posibilidad real de manipular 2 millones de sufragios.
"Frente a esta incongruencia producida por el propio órgano electoral, en cuanto al número de máquinas de votación adquiridas, las máquinas auditadas y las máquinas a ser utilizadas, resulta imposible tener confianza y credibilidad en los resultados emitidos por máquinas que no han sido auditadas o, peor aún, que no se sabe donde están instaladas"
Ante estas evidencias, la experta comicial subraya que el proceso electoral del 3-D es inconstitucional pues viola el artículo 293 de la Constitución, que dice "los órganos del Poder Electoral garantizan la igualdad, la confiabilidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales"; es ilegal pues violenta las normas de la Ley Orgánica del Poder Electoral, en especial su artículo 4 y es ilegítimo pues el CNE no puede, bajo esas circunstancias, certificar los resultados.
Todas estas denuncias y documentos fueron llevadas por ella y Carlos Guyón, capitán retirado y disidente del 4-F, el mismo 03 de diciembre al CNE. Guyón logró entregar la denuncia, pero a Díaz no le permitieron el acceso al organismo. En ese documento se solicitaba la apertura de todas las mesas y conteo de cada papeleta, pues existían rumores de un posible fraude electrónico.
Hay que recordar que en horas de la tarde existían rumores de que Rosales estaba ganando con un 8% de ventaja. Tal información está basada en un e-mail que escribió uno de los hijos del gobernador del Zulia, Hender Manuel Rosales. Pero luego Chávez empezó a tener ventaja. Díaz se pregunta ¿por qué sucedió eso?
Para asegurar los resultados, la abogada pidió la apertura de todas las mesas de votación y así chequear cada voto físico.
Pero ya los rectores habían preparado una estrategia para combatir el uso del voto físico o papeletas. En la Resolución Número 061011-0873 del Consejo, de fecha 11 de octubre de 2006, contentiva del Instructivo sobre el Procedimiento de Auditoría del Sistema Automatizado de Votación y Escrutinio, expresa textualmente " bajo ningún concepto la auditoría se considerará escrutinio, ni forma parte de ese acto... y su finalidad será efectuar un análisis estadístico en el cual se determine si lo hubiere, cualquier patrón irregular o sesgos en el sistema automatizado"
Díaz sostiene que este elemento es un exabrupto electoral pues cada voto físico es en sí una auditoría y "es nada más y nada menos que la verdadera voluntad del elector y no sólo un simple comprobante. Cuando tú abres una máquina en el día de la elección y hay una incongruencia entre lo que dice la máquina y las papeletas, según la resolución eso no significa absolutamente nada, cuando en realidad es precisamente lo más importante. El voto físico es la expresión de la voluntad popular".
En un principio, el proyecto era presentar las denuncias el mismo 3-D. El candidato Rosales diría que en virtud de la no auditabilidad de 6 mil 540 máquinas de votación, él solicitaría la apertura de todas las cajas con los comprobantes.
"No tenía que haber muertos en ese momento. El CNE se iba a negar a abrir la cajas, porque representaba un problema y lo pondríamos contra la espada y la pared. Le habíamos descubierto sus triquiñuelas con las máquinas. Pero nada de eso sucedió, no tuve acceso al Consejo, me trasladé al Comando de Rosales, hubo una reunión con diversos observadores internacionales, pero me sacaron del sitio".
Comenta que en el momento en que un grupo de ciudadanos llamó a Rosales traidor, era porque Ana Díaz y su equipo repartieron copias de los documentos antes mencionados.
Sostiene que cada documento se recogió antes de la elección pero no lo hizo público hasta tanto no se realizara el comicio. "Yo te puedo garantizar que Omar Barboza (coordinador nacional en la campaña de Rosales) lo sabía, pues él estaba en una reunión con Jesús Urdaneta, Carlos Guyón y yo. Le explicamos cada elemento de la situación y le mostramos los documentos."
CACERIA DE BRUJAS
Ana Díaz de Guía sostiene que la situación interna del CNE es muy difícil pues ya han sustituido a muchas personas profesionales y teme por aquellos funcionarios que le dieron documentos en el pasado, pues van a ser presionados.
"Yo tenía 25 años en el CNE. Evidentemente ahora va a comenzar una cacería de brujas para todas aquellas personas que hayan tenido contactos conmigo para, de alguna manera, destituirlos. Eso me preocupa enormemente, pues las personas no tienen la culpa, pero eso es lo que va a pasar. La infraestructura que yo tengo, el CD que yo tengo me lo dio la gente dentro del Consejo."
Señala que el proceso electoral de 2006 estaba pendiente de cada una de las etapas del comicio y como una hormiguita se dedicó a recolectar cada dato sobre esta contienda. Visitaba el Consejo, se reunía con personas, viajaba al exterior, todo el tiempo de bajo perfil.
INFORMES UNIVERSITARIOS COMPLICADOS
Su estudio se diferencia de otros por el acceso a las fuentes, la comprensión de las pruebas y la veracidad de los documentos.
"He tenido acceso a informes de universitarios, me parecen extraordinarios, muy buenos, pero la diferencia entre sus estudios y mi investigación es el tipo de pruebas. Estas emanan del CNE, no pueden ser desvirtuados por ellos, son accesibles para todo el mundo. Escribí un libro sobre estas pruebas que se llama Debemos Cobrar, que se bautizó en Florida hace dos semanas"
Como especialista electoral con 25 años de experiencia, comenta que está acostumbrada a leer estudios complicados, en los que hay proyecciones estadísticas y análisis de números.
"Hay que tener unos grados más de preparación para entrarle al tema. Mi estudio es muy sencillo, es como la piedra que destruyó a Goliat. No nos compliquemos la vida, la gente quiere darle una apariencia de dificultad a algo que no lo tiene."
LUCENA TIENE UN COMPROMISO GRANDE
Ana Díaz precisa que la actual presidenta del Poder Electoral tiene un compromiso muy grande con este gobierno.
"Ella entró en el 97 o 98, cuando comenzó la oleada de chavistas y tomaron la mitad del CNE. Tal toma fue una exigencia de Chávez para que cuidaran el proceso del 98."
La funcionaria afirma que Lucena es una buena persona, pero " tiene un compromiso ideológico muy grande que va más allá de sus deberes como funcionario electoral, eso es lo grave en ella. Cuando una persona es funcionario electoral, tienen su corazoncito, pero uno trabaja para cuidar el proceso de todo el mundo y no para un sector."
Recalca que Tibisay Lucena "desafortunadamente" está comprometida con el proyecto de Chávez y no es totalmente imparcial.
La especialista electoral cree que esta profesional culminará su carrera en una embajada. "Depende como se mueva esta matriz de opinión con relación a las pruebas, irá a una embajada, pues el gobierno no puede dejarla afuera, no pueden correr el riesgo de que diga o suelte alguna cosa que al gobierno no le conviene. Te quito tu puesto, pero te doy un trabajo bueno para que no me ataques."
LA DESIGNACION INMORAL DE UN VICEPRESIDENTE
Díaz explicó que la designación de Jorge Rodríguez como Vicepresidente y de Francisco Carrasquero como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia es inmoral.
"Es una cosa tan grosera, tan inmoral. En toda la historia del CNE nadie que fue presidente del Consejo había formado parte del gobierno. Es una cuestión de ética y principios, por lo que la legalidad y la legitimidad de todas las actuaciones de estas administraciones quedaron bajo dudas razonables."
UNA OPOSICION INGENUA
Díaz se pregunta que si existieron tantos partidos políticos de oposición, los cuales tenían acceso a todas las áreas del CNE ¿por qué no recolectaron estas pruebas?
"En Venezuela desafortunadamente, no nos ubicamos, la pelea es contra Hugo Chávez y no importa quien ayude, lo importante es que nos ayudemos. Las pruebas que recolecté las puede conseguir cualquier técnico. Mucha gente dentro de la oposición decía: " si yo no tengo las pruebas no digo nada". Hubo gente que conoció esta documentación, como la Iglesia Católica, partidos y Súmate."
En el pasado 2 de diciembre tenía que sostener una reunión en el Comando de Rosales para explicar el problema de las máquinas " pero nunca me llamaron. Si hay fraude, lo vamos a decir, me dijeron; ellos pensaron que no había fraude estúpidamente, la oposición actuó ingenuamente, o no sé que sucedió".
CONSPIRACION IMPERIALISTA, OTRA EXCUSA
Al difundirse estas informaciones, algunos señalan que el resultado será acusar a la abogada de mentirosa , intentando desprestigiarla, pero ella manifiesta que no le importa la opinión de la administración actual.
"Me imagino que el gobierno empezará a hablar de una conspiración imperialista y toda esa cantidad de estupideces que vive diciendo, nadie se las cree. Recolecté datos, fui a reuniones en Venezuela, no hubo nada irregular, tengo mi pasaporte de que entré y salí del país en diferentes momentos. Aquí hay es un estudio profesional, técnico sobre la presidencial".
Recalca que toda la investigación está protegida y cualquiera puede verificarlo en Internet.
"El problema que tiene el gobierno de Chávez es que no tiene como desmentir las pruebas, fíjate. Ellos pueden decir que no usaron las máquinas, no importa, aunque sí utilizaron unas máquinas. El problema es que te lo callaste. El problema es que no las auditaste, el problema es que eso viola normas constitucionales, legales y principios electorales. Ese es el punto."
Manifiesta que no son las pruebas de Ana Mercedes Díaz Cardozo de Guía " sino que son las pruebas de Venezuela. Todo aquel que quiera hacer uso de ellas, lo puede hacer."
¿DE DONDE SALIO ANA?
Esta abogada con 25 años de experiencia en el mundo electoral es muy conocida dentro del extinto Consejo Supremo Electoral y en el actual Consejo Nacional Electoral
Tiene un postgrado en Derecho Administrativo. Comenzó a trabajar en el CNE el 01 de julio de 1979, trabajó en el área de Registro, delegación de Distrito Federal.
Cuando se graduó de abogado se fue a la Consultoría Jurídica del organismo, representó al CSE como abogado en la Corte Primera y en el Tribunal Supremo de Justicia.
Posteriormente en 1991 la nombraron Sub- directora general de Partidos Políticos. Enfrentó la crisis del 98 e ideó la primera elección indígena que hubo en Venezuela.
Estuvo de permiso no remunerado entre 2002 y 2003. Entró en la administración de Chávez en agosto de 2003 y se incorporó como Director General de Partidos Políticos.
"Entre los meses noviembre y diciembre yo no tenía nada que ver con el Referendo y me dedicaba a la preparación de las elecciones de agosto. En enero de 2004 un funcionario del Consejo me invitó a formar parte en el Comité Técnico Superior (CTS), encargado de validar o no las firmas para el Referendo."
Hay que recordar que había 5 equipos de los cuales 3 eran del gobierno y 2 de la oposición y las decisiones se tomaban por mayoría simple.
"En ese momento me preguntaba que si no estaba de acuerdo con las decisiones de la mayoría podría escribir mis planteamientos en la planilla. Eso provocó una discusión de tal magnitud, que ahí empezó Cristo a padecer."
Recuerda que una de las irregularidades observadas por ella era que las planillas donde se plasmaban las firmas tenían unos seriales que nada más conocían ciertos funcionarios.
"Si se recogían firmas en una planilla de diputados y eran rúbricas para solicitar la revocatoria al Presidente, eso te anulaba las rúbricas, si me das un puñado de planillas y yo no sé cual es su función, las relleno pues todas en apariencia son iguales, esa irregularidad podría anular 300 mil firmas, yo me opuse".
Mientas las discusiones dentro del Comité continuaban se acercaba la jubilación de Ana Díaz. " El 01 de julio de 2004 cumplí 25 años de servicio; los directores y rectores no entendían por que alguien de estar tan cerca de la jubilación vivía protestando, chavistas amigos míos me decían "quédate callada". Y no lo hice"
Recordó que las firmas planas eran una invención del CNE y el CTS, se rehusó a anular las firmas "la orden de Chávez era que no había referendo. Lo que trataban Carrasquero, Rodríguez y Battaglini era evitar el referendo, pero se les cayó. Ellos son vulnerables, ellos pierden, ellos no son infalibles, la trampa sale. Hubo tanto alboroto por la tensión de las firmas, que decidieron llevar las firmas a reparo"
Ante su actitud guerrera en ese Comité, Francisco Carrasquero la sustituye, pierde su jubilación y Jorge Rodríguez la amenaza de muerte.
"Cuando Carrasquero dijo que habían 800 mil firmas para reparo en lugar de anularlas, para mí, era un triunfo y así fuimos a referendo".
MIEDO Y DINERO
En este momento lo que sobra es dinero y miedo, sentencia la autora del libro Debemos Cobrar. Reitera que decidió difundir estas pruebas con la carga que conlleva. Ella no necesita asilarse pues es residente permanente de Estados Unidos
"Hago esta labor porque me salió el palito más corto, el trabajo más duro, desgraciadamente soy funcionaria electoral, lo llevo en la sangre, es mi vida. El temor le ganó a Rosales. Tenemos que quitarnos la camisa de fuerza, si la gente se hace la sorda y ciega le está haciendo el juego a Chávez. El proceso electoral está viciado. Chávez no ganó, es un usurpador, no podemos callarnos"
Finalmente la abogado asegura "Cuando alguien quiere algo, encuentra el camino y cuando no quiere, encuentra la excusa, tenemos que despertar y salir de la pesadilla"

QUESTIONABLE MACHINES

Peer-Reviewed Statistical Report Says 2004 Smartmatic Vote in Venezuela Was Fraud

El Universal

Caracas, viernes 23 de marzo, 2007

http://english.eluniversal.com/2007/03/23/en_ing_art_questionable-machine_23A848009.shtml

25% statistically proven irregularities during the Recall Referendum show that electronic elections have flaws. The opposition and observers better get up to speed regarding the new technology.
ISABEL GARCIA NEVETTEL UNIVERSAL
Three years after the fact, the recall referendum is news again thanks to an article written by the International Statistical Review (ISR) based on a research study titled, "A statistical focus for evaluating referendum process results: the 2004 Venezuelan Recall Referendum" ("Un enfoque estadístico para evaluar resultados de procesos referendarios: el referendo revocatorio venezolano de 2004,") which statistically analyses referendum results and uses Venezuela as its reference. The authors, more than wishing to claim fraud, though they assure that there were significant irregularities with the official results, want to call attention to the importance of being up to date with the technological aspects of the electronic electoral process.
The Venezuelan opposition as well as the international observers have made a monumental error up to now which is being technologically unprepared for the changes related to an electronic election, says María Mercedes Febres Cordero, a specialist in mathematics and co-author of the study. "Traditional observers by themselves are no longer good enough. They only evaluate if there is freedom of the press, if the voting centers are operational, among other things which are important too, but they do not have the expertise to do the type of auditing that is required now-a-days," insists Febres Cordero.
Elections of the future, todayElectronic elections are a relatively new phenomenon on the global scene. According to Febres Cordero, only a dozen countries hold electronic elections, which leaves a lot to be learned to guarantee a clean and just process.
"Now-a-days, the democratic process is legitimized by info-elections or electoral process associated with information technology which can be very vulnerable. The problem is that there are not any citizens, inside as well as outside the country, that will truly assume the responsibility, and though political watchdogs have tried to have elections monitored, it is impossible to have clean elections based on an electronic process without any controls."
Febres Cordero insists that the electoral observation process needs to be updated, and a technical component must be added to its monitoring scope.
While political observers contribute to promote democratic and transparent election processes, try to help solve conflicts between the political parties involved, and defend free speech and human rights, the technical component of the group would be in charge of ensuring the transparency of the electronic electoral process, participate in technical auditing process according to their specialty, strengthen security mechanisms for the processed information, and audit the results with statistical confidence. This technical component would have to be made-up of specialists, personnel specifically trained in this area.
According to Febres Cordero's vision, by introducing the technical component into the electoral observation team, a number of problems would be avoided, including manipulating votes by wire or wireless means, introducing virtual votes, and the inference of intermediate agents in the voting centers and counting rooms. "I am not trying to say that it was even the Government that manipulated the results, that is not important, but that the system is highly vulnerable. The system can be manipulated by intermediate people. They do not even have to be in Venezuela, they only need to have access to the communication passwords. This is something that can happen in Venezuela, and in any country that holds electronic elections."
The disadvantage of this type of elections is that they imply an enormous risk, explains Febres Cordero. To use an electronic platform you need to have "passwords" so that you can communicate between the electoral machines and the counting center. These can be infiltrated in order to introduce any kind of interference or manipulation of the results by third parties. In the blink of an eye the system can be tampered with and millions of votes introduced that can make the auditing process a real nightmare. In an electronic electoral process, the citizen's role of the electoral witness has been eliminated.
Despite the disadvantages, Febres Cordero assures that this type of system has its advantages too: the process is simple, fast when it comes to announcing results, and there is less possibility of error in totaling up the votes.
Proven flawAccording to Febres Cordero, the electronic electoral system flaws are more than just simple speculation. In the study she did along with Bernardo Márquez, Febres Cordero clearly identifies the irregularities which occurred during the presidential recall referendum. "What we did was to analyze the whole country, all the parishes, all the electoral centers, and all the completed ballot records, the almost ten million votes. Then we divided the electoral centers into three groups: coherent, intermediate coherency, and not coherent."
The centers classified as coherent were those where the ballots reflected the general voting tendency of the center. "In a center that has three voting machines, for example, one of the candidates registers 56% of the vote; you would expect that each one of the machines in this center would register results similar to the percentage result of the center, which is to say, 57%, 56%, 55%, explains Febres Cordero. In a center classified intermediate coherency, the percentages registered by the machines vary a bit more from the percentages registered by the center. And in not coherent centers, the machine percentages significantly differ from the percentages the center registered; which is to say that if one of the candidates registered an average of 33% of the vote, the percentage of the ballots registered between machines could go from 70% to 15% between machines with regard to the 33% percentage votes obtained by one candidate in a particular center.
These variations reflected by the different electoral centers are quite illuminating because the machines were assigned randomly, by using the person's identity number, and not according to political affiliation, therefore it is statistically improbably that the percentage of ballots registered by a voting machine vary much from the general average of the center.
According to the study done by Febres Cordero and Márquez, the percentage of coherent centers was 20%, while the non coherent centers made up 25% of the total. The rest of the centers showed an intermediate coherency tendency. Based on these results, both researches drew the final conclusion: "the irregularities observed were consistently detected in numerous voting centers, and the magnitude of the irregularities implies that the official results do not reflect the voters' intentions with statistical certainty." In other words, the official results from the recall referendum are not to be trusted.
Febres Cordero and Márquez then took the percentage of regular votes and made a different calculation. According to their calculations, the "yes" vote was getting between 52% and 56% of the votes. "No marketing study uses 20% of the population, nor do surveys. They only use 2% or 3% of the population. In other words, this is a completely significant group of coherent votes, and out of these votes you do get that the "yes" vote was winning by 56%," assures Febres Cordero.
However, irregularities allowed for a different result to be totaled, says Febres Cordero: "When you work up the graph concerning how the coherency levels are related using the study we are proposing, you see that as the incoherency level increases, the "yes" vote drops, and that cannot be random."
A serious studyFebres Cordero and Márquez's study was published in the ISR magazine, an informative publication issued by the very recognized International Statistical Institute, established in 1885, headquartered in Holland. This institute serves as a consultant to the UN Economic and Social Council (Ecosoc) as well as to the Unesco. In order to publish an article in this review, the authors have to present a statistical analysis which is then analyzed by at least four of the institute's specialists. The authors do not know who it is in charge of reviewing their work. After having checked the statistical analysis, which can take up to a year, the article is then published in the review. In Febres Cordero and Márquez' case, the reviewing process took a little more than six months to complete.
igarcia@eluniversal.com

EL NUEVO: Bajo lupa federal firma que facilita máquinas de votar a Venezuela

Posted on Thu, Nov. 30, 2006

CASTO OCANDO
El Nuevo Herald
La firma de máquinas de votación Smartmatic, con una sede corporativa en Boca Ratón, está en el ojo de dos investigaciones federales desconocidas hasta ahora y centradas en temas que abarcan desde supuesta evasión fiscal en los Estados Unidos hasta presuntos pagos en Venezuela de comisiones millonarias no declaradas, indicaron documentos y testimonios.
Las pesquisas se añaden a otra que el Departamento del Tesoro abrió a la firma a mediados de este año.
Dos fuentes familiarizadas con las operaciones de la empresa confirmaron a El Nuevo Herald que agentes del Departamento de Rentas Internas (IRS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) las interrogaron extensamente sobre las supuestas irregularidades.
Aparentemente las investigaciones, iniciadas en el 2005, comenzaron luego que documentos que mostraban presuntas actividades financieras ilegales de la empresa se filtraron a las agencias federales mencionadas.
Smartmatic es una firma cuyos dueños son ciudadanos venezolanos, y que el año pasado adquirió Sequoia Voting Systems, de California, a través de la cual amplió su penetración en el mercado electoral de Estados Unidos. Sequoia, que no es objeto de investigación federal, provee máquinas electrónicas de votación en el Distrito de Columbia y 16 estados, incluyendo el condado Palm Beach, en Florida. Por otra parte, Smartmatic se ha convertido en el principal abastecedor de tecnología electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, y tendrá a su cargo las elecciones presidenciales del próximo domingo 3 de diciembre.
Según un dossier de los papeles relacionados con la indagatoria federal, a los que tuvo acceso El Nuevo Herald, la firma presuntemente pagó una multimillonaria comisión a un conocido ex militar venezolano para obtener un contrato de $90 millones con el CNE para automatizar la votación para el Referéndum Revocatorio de agosto del 2004.
Las pesquisas federales también tienen como objetivo determinar si la firma dejó de pagar o no al fisco estadounidense más de $12 millones en impuestos en los últimos dos años, incluyendo unos $4 millones que supuestamente transfirió a la casa matriz del holding en Barbados, de los fondos obtenidos por el segundo contrato que obtuvo con el CNE para las elecciones regionales del 2004 en Venezuela.
En una declaración, Smartmatic afirmó que los señalamientos de presuntas irregularidades son ''alegaciones sin fundamento'' de ex empleados despedidos por la firma, y negó cualquier ilegalidad en sus operaciones corporativas.
''Recientemente hemos llegado a creer que dos ex empleados de Smartmatic están haciendo alegaciones sin fundamento sobre la compañía y parecen estar actuando de forma inconsistente con acuerdos de separación y confidencialidad con la compañía'', expresó la declaración.
Las dos indagaciones federales, iniciadas en Washington, el sur de la Florida y Caracas, tratan de ver si el complejo esquema de compañías creadas por Smartmatic en Curazao, Holanda, Barbados y en el estado de Delaware, supuestamente contribuyó a que la firma evadiera impuestos o si, por el contrario, las operaciones financieras fueron transparentes y legales.
Según los documentos, Smartmatic realizó siete pagos a Morris Loyo, un capitán retirado de la Fuerza Aérea Venezolana con amplias conexiones en el gobierno chavista antes de realizarse el referéndum revocatorio, los cuales aparentemente no fueron reportados al IRS.
Luego supuestamente hubo otros dos pagos a Loyo posteriores al evento electoral que sí fueron declarados, y que formaban parte de un contrato entre Smartmatic y el ex militar. En el trato se estipulaba una comisión de ventas de $1.5 millones por haber ayudado a obtener el contrato de poco más de $90 millones para el referéndum.
En total, la firma de Boca Ratón pagó a Loyo $4,128,850 a través de nueve transferencias a una cuenta del ex militar en el Banco Hapoalim B. M. en Nueva York, indican los papeles.
''En la declaración de impuestos de Smartmatic correspondientes al 2004, sólo aparece declarado como comisiones de venta un total de $1.5 millones al señor Loyo, cuando en realidad [éste] recibió por lo menos $2.6 millones adicionales en pagos no declarados al IRS'', dijo una fuente familiarizada con esta indagación.
A esto, Smartmatic respondió que Loyo trabajó para la firma como ``lobista/vendedor y contratista independiente para ayudar a asegurar contratos electorales en Venezuela, de la misma forma que muchos vendedores norteamericanos emplean a cabilderos estatales y vendedores para que ayuden a conseguir contratos''.
El FBI investiga, además, si la empresa revisó a fondo el pasado y las vinculaciones políticas del ex militar, así como su presunta cercanía a personeros del gobierno chavista, como exige la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
En cuanto a este tema, la firma afirmó que aplica una ''robusta política'' para combatir la corrupción en sus actividades en el extranjero, como lo establece la FCPA.
El Nuevo Herald trató de obtener un comentario de Loyo sobre estos pagos, pero no recibió respuesta a un mensaje dejado en su correo de voz en las Residencias Caracas Palace, el lugar donde vive el ex militar según constató la administración del complejo residencial. El ex capitán tampoco contestó llamadas que El Nuevo Herald hizo a su celular.
Por otra parte, el FBI procesa denuncias de amenazas de muerte presuntamente proferidas por el presidente de Smartmatic, Antonio Mugica, a empleados y ex empleados de la empresa que cuestionaron prácticas administrativas que ellos consideraron irregulares, conoció El Nuevo Herald.
Pero Mugica negó categóricamente, en una conferencia telefónica con El Nuevo Herald, haber amenazado de muerte a ''algún empleado'' de la firma de elecciones.
Las denuncias alegan que el presidente de Smartmatic habría advertido a por lo menos un ex empleado sobre el ''peligro'' de que se filtrasen documentos internos, así como de sus supuestas influencias en la Disip, la policía política del gobierno chavista.
Leonardo Riera, un empleado administrativo de Smartmatic hasta poco después del referéndum, confirmó en una entrevista con El Nuevo Herald que había recibido amenazas de Mugica y que presentó su denuncia ante el FBI a mediados del año pasado porque temía represalias.
''Sí, he sido amenazado de muerte, y lo he denunciado ante las autoridades federales, con las cuales he colaborado activamente en las investigaciones'', aseveró Riera.
Otra persona, la cual pidió el anonimato por temor a represalias, manifestó que Mugica lo había amenazado en la oficina de Smartmatic en Boca Ratón a principios del 2005. La fuente confió a El Nuevo Herald que el presidente de la firma también le hizo una advertencia sobre su aparente influencia en la Disip. Esta persona dijo que poco después denunció al presunto hecho ante el FBI.
Como es usual en estos casos, el FBI y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios sobre las investigaciones.
''No he hecho amenazas [de muerte] ni ahora ni nunca a ninguno de mis empleados. Todos los que me conocen, la mayoría de los empleados que me conocen, saben que esto no está absolutamente en mi naturaleza'', aseguró Mugica.
''No sé si esto es relevante o no, pero lo uso como un ejemplo: puedo decirle que soy vegetariano, y una de las principales razones por las cuales ni siquiera como pescado es porque no creo que siquiera está justificado matar a un pez para [usarlo como] alimento. Ir en contra de una persona es algo impensable [para mí]'', acotó Mugica.
El IRS indaga también si se produjo un supuesto fraude fiscal en dos auditorías de la corporación realizadas en el 2004 por una firma de contabilidad de Miami.
Documentos de agencias federales a los que tuvo acceso El Nuevo Herald indican que la firma Morrison, Brown, Argiz & Farra, LLP, certificó dos auditorías aparentemente contradictorias de las finanzas de Smartmatic durante 2004.
Según la primera auditoría, titulada ''Smartmatic LLC (A Wholly-Owned Subsidiary of Smartmatic International Corp.) Financial Statements'', del 31 de diciembre del 2004, la firma debía pagar un total de $4,073,809 en impuestos al IRS sobre los ingresos obtenidos de un segundo contrato de $26 millones con el CNE de Venezuela. Este informe fue enviado a los departamentos electorales de la Ciudad de Chicago y el Condado Cook, en Illinois, y al del estado de Michigan, entre otros.
No obstante, en una segunda auditoría, titulada ''Smartmatic International Corporation and Subsidiary (A Wholly-Owned Subsidiary of Smartmatic International Holdings, B.V.), Consolidated Financial Statements'', con la misma fecha que la del párrafo anterior, la cifra a pagar en impuestos aparece como $479,653. Igualmente, este informe fue distribuido a los departamentos de elecciones antes mencionados.
Entonces, entre las dos auditorías hay una diferencia de $3.6 millones. De acuerdo con la indagación federal, el cambio de los montos a pagar en impuestos se produjo luego de que se firmara un Acuerdo de Servicio entre Smartmatic International Corporation, registrada en Barbados como la Casa Matriz, y Smartmatic LLC, registrada en el estado de Delaware. El Acuerdo se firmó el 25 de marzo de 2005, después que tuvieron lugar las operaciones por las cuales se estaba pagando impuestos.
La respuesta de la firma sobre el tema fue directa: ''Ya sea en el 2004 o en cualquier otro año, Smartmatic siempre ha pagado todos sus impuestos debidos y adeudados en las jurisdicciones donde opera. Al presentar declaraciones de impuestos del 2004 y de otros años, Smartmatic siempre ha recibido el consejo de los mejores profesionales, incluyendo firmas legales y de contabilidad'', precisó la declaración.
''Hemos provisto y revelado absolutamente todas nuestras transacciones'', agregó Mugica.
Smartmatic ha declarado al IRS un total cercano a los $97 millones en contratos recibidos en el 2004 ''por trabajo electoral realizado fuera de los Estados Unidos, y por entidades no estadounidenses de Smartmatic'', indicó la declaración.
Un cuestionario enviado por El Nuevo Herald a Morrison, Brown, Argiz & Farra no fue respondido. Varias llamadas realizadas a las oficinas de la firma en la avenida Brickell tampoco fueron devueltas.
Ellie Michaud, una vocera del departamento de investigaciones criminales del IRS para el sur de la Florida, declinó hacer comentarios sobre el caso.
ocasto@herald.com

Ignoring Chavez's Plan

February 20, 2007 Edition > Section: Opinion > Printer-Friendly Version

BY MICHAEL ROWAN AND DOUG SCHOENFebruary 20, 2007URL: http://www.nysun.com/article/48925


Hugo Chavez may have lost both the recall referendum in 2004 and the December 2006 presidential election, according to studies conducted by a distinguished multidisciplinary team in Caracas, Venezuela. The team includes the rector of Universidad Simon Bolivar, Frederick Malpica, and a former rector of the National Electoral Council, Alfredo Weil.
Astonishing as it may seem to Americans who believe the contention by Mr. Chavez that he won both elections by a landslide — 58% to 42% in the recall and 61% to 39% in the presidential election — the studies show that since 2003, Mr. Chavez has added 4.4 million favorable names to the voter list and "migrated" 2.6 million unfavorable voters to places where it was difficult or impossible for them to vote.
None of these additions or migrations to the voter-register has been independently audited in Venezuela. Instead, the votes have been electronically counted by Chavez cronies. So when Mr. Chavez announces a landslide, there has been no way to prove otherwise, even though exit polls and other data have consistently shown that half the voters of Venezuela or more oppose Mr. Chavez.
On the basis of this fraudulent manipulation, Mr. Chavez has claimed a national mandate for all of the following, which we clarify for Americans as if President Bush had done so in America. He:
• won all 435 seats in the House and all 100 in the Senate, and packed the Supreme Court with nine sycophants that never ruled against him;
• asked his rubber-stamp Congress to let him legislate unilaterally including amending the Constitution, and 100% of the members of Congress voted for that;
• decreed under these powers that he can run for re-election to the presidency for life;
• plans to decree that cities and states will no longer be governed by elected mayors and governors, but by people's committees named by him;
• owned or controlled all but a few TV and radio stations that either cover his endless speeches averaging 40 hours a week or risk losing their broadcast licenses;
• created one political party and denied the rights of citizenship to recalcitrant members of opposition parties;
• took over the Federal Reserve and spent the national Treasury as if it were a personal checking account;
• funded his campaign with government money and publicly and repeatedly threatened government workers to vote for him or be fired;
• dictated wages, prices, interest rates, profits, and currency exchange rates under the economic theory that he knows best;
• created an army reserve commanded personally by him that was 10 times the size of the existing military;
• nationalized the telephone and electric utilities along with thousands of private enterprises on the theory that collectives are better than private enterprises;
• put military henchmen loyal only to him in charge of government and civil institutions that they have no qualifications to run;
• declared that schools would submit to a curriculum that rewrites national history as he sees it, and mandated military indoctrination for all children;
• dictated the purpose and occupancy for private homes, apartment houses, and properties under the threat of confiscation if owners did not comply;
• prosecuted human rights and voter-rights leaders for treason, which is punishable by 16 years in prison;
• jailed individuals for five years who voiced opinions on TV he disagreed with;
• looked the other way as thousands of his police and military worked the murder, kidnapping, theft, drug, and money-laundering trades with impunity;
• began considering declaring a national religion with him as its spiritual leader;
• changed the way unemployment and poverty are calculated when the international standards of measurement proved embarrassing to his false claims of having solved those problems;
• ran an off-budget slush fund that rivals the size of the official government budget;
• increased the size of a corrupt and inefficient bureaucracy so grandly that he now has at least one employee in half the families of the country;
• traveled the world lavishly preaching about ending poverty, welfare, and theft — the three main characteristics of his government;
• advertised his model of government — with the highest inflation rate and highest murder rate in Latin America, and one of the worst human rights records — as the hope of the world.
We are not making this up. Mr. Chavez did — or is doing — all of that and more. But some have said that he is really a good guy who has been slandered and misunderstood. We need more dialogue with him, they say. He's an elected president of a sovereign nation and we should respect that, they also say.
What is it about Mr. Chavez that they don't get? What does Mr. Chavez have to do to make them see him as he really is? If calling Mr. Bush "the Devil" and America "the Evil Empire" is all someone has to do to gain acceptance from those who oppose American policy, why didn't Pol Pot, Muammar Gadhafi, and Robert Mugabe qualify?
President Carter endorsed the Chavez counts without any verifiable paper ballot count or audit. Why? And why does he continue to support Mr. Chavez? Why do members of Congress from 17 states look the other way as Mr. Chavez delivers subsidized oil to households in their districts?
We believe Mr. Chavez is given a wide berth everywhere because he's got an oil supply second only to Saudi Arabia. He is using America's oil market — or lack of oil production — to get Americans to ignore what he's up to.
Mr. Schoen is a former principal in Penn Schoen & Berland, which conducted exit polls in the 2004 recall referendum and in the 2006 presidential election. Mr. Rowan is a free-lance columnist and the author of "Getting Over Chavez and Poverty."
February 20, 2007 Edition > Section: Opinion > Printer-Friendly Version

SMARTMATIC RESPONDS TO HERALD

Foreign governments not involved in U.S. voting

Re the Jan. 8 editorial Sale could ease doubt about elections: A Miami Herald story in October reported that Smartmatic Corp. voluntarily submitted information to the U.S. Committee on Foreign Investment in the United States. The editorial uses the word ``resisted.''
Smartmatic has provided the media documents detailing the company's ownership structure -- 97 percent of Smartmatic is owned by its four founders -- Antonio Mugica Rivero, a citizen of Spain and Venezuela, Roger Pinate and Alfredo Anzola, both Venezuelan citizens, and Jorge Massa, a citizen of France and Venezuela. The remaining stock is held by Smartmatic's senior executives and the founders' family members.
The Oct. 28 story U.S. digs for vote-machine links to Hugo Chávez says that business records obtained by The Miami Herald in Willemstad's commercial registry provide no evidence of any Venezuelan government official or agency as director, associate, employee or proxy in Smartmatic.
Most important, the idea that foreigners could somehow influence the U.S. voting process is untrue and ignores the numerous safeguards and stringent regulations in place to ensure fair and accurate elections. Sequoia Voting Systems' election equipment and software have been tested and qualified by federal Independent Testing Authorities and certified by individual states.
ANTONIO MUGICA, CEO and president, Smartmatic Corp., Boca Raton
JACK A. BLAINE, president, Sequoia Voting Systems, Boca Raton

Herald Editors: PROBE OF VOTE-EQUIPMENT COMPANY IN NATIONAL INTEREST

Posted on Mon, Jan. 08, 2007
Sale could ease doubt about elections
OUR OPINION: PROBE OF VOTE-EQUIPMENT COMPANY IN NATIONAL INTEREST
The pending sale of Smartmatic Corp.'s subsidiary, Sequoia Voting Systems Co., should ease doubts voters may have about possible foreign influence in U.S. elections. A U.S. Treasury panel that was investigating Smartmatic regarding national-security concerns said that it will ''closely monitor'' the sale of Sequoia. This should help assure Americans that no hostile government can meddle in U.S Elections.
Smartmatic purchased Sequoia, a leading voting-equipment vendor, in 2005. The company has been under a cloud since the Committee on Foreign Investment in the United States, or CFIUS, began a national-security investigation last fall. The concern was that the Venezuela, headed by President Hugo Chávez, who is known for anti-U.S. antics, might have undue influence in Smartmatic. Given the growing distrust of electronic-voting systems and the fear of vote manipulation, careful review of Smartmatic was justified.
Bribery probe
Smartmatic initially resisted the CFIUS investigation. Later, The Wall Street Journal reported that the Justice Department had undertaken a different investigation of Smartmatic. This investigation was related to possible bribes and tax evasion in Smartmatic's sale of voting equipment to Venezuela's government for use in its 2004 presidential recall election.
Antonio Mujica, Smartmatic's CEO and founder, is a Spanish-Venezuelan dual citizen. He and other company officials repeatedly have denied any connection to the Venezuelan government and all allegations of bribery or tax evasion.
Unnamed investors
Smartmatic's ownership structure is so convoluted that it is virtually impossible to verify all its owners. Parent company Smartmatic International is owned by a Netherlands company, which is owned by Curacao trusts, which in turn, are controlled by unnamed investors.
The Venezuelan government once had a stake in a company closely linked to Smartmatic. Venezuela invested in Bizta, which is owned by two of Smartmatic's main owners, including Mr. Mujica. Bizta provides software for Smartmatic's voting system and joined Smartmatic in selling that system to the Chávez government for the 2004 recall election. Venezuela sold its stake in Bizta after The Miami Herald reported on the investment, which prompted complaints that the Chávez government shouldn't have any interest in machines that would determine his stay in office.
U.S. Rep Carolyn Maloney, D-N.Y., who initiated the CFIUS probe, says that Smartmatic ''could not overcome the cloud of doubt'' about its ownership of Sequoia. CFIUS was right to take decisive action to protect national security and the integrity of U.S. elections.

Herald: Sale ends machine flap

Posted on Fri, Dec. 22, 2006
VOTING MACHINES

Sale ends machine flap
Smartmatic -- the South Florida-based voting-machine company that was under investigation for possible links to the Venezuelan government -- will sell the U.S. subsidiary that provides electronic machines in Florida and other states.
By CASEY WOODS
cwoods@MiamiHerald.com
A federal investigation into possible secret Venezuelan government involvement in a South Florida-based electronic voting machine company has been closed after Smartmatic announced on Thursday that it will sell the subsidiary that sparked the probe.
A Treasury-led panel began the inquiry earlier this year because of concerns that Smartmatic, which owns Sequoia Voting Systems Co., could pose a threat to U.S. national security by giving the left-wing government of Venezuelan President Hugo Chávez a way to influence elections.
Sequoia, one of the nation's leading suppliers of touch-screen voting machines, provides machines to the nation's capital and dozens of counties in 16 states, including Florida counties such as Hillsborough, Palm Beach, Indian River, and Pinellas.
Smartmatic representatives, who say the company voluntarily submitted to the probe, said the sale of Sequoia and the end of the investigation will allow both companies to grow without a cloud of suspicion hanging over their operations.
''We think Sequoia is a great company with the best product out there, and it is going to become the number one voting vendor in the U.S.,'' said Smartmatic CEO Antonio Mugica. ``It would be [a mistake] for it not to realize its full potential because of this distraction about ownership.''
ALLEGATION
Even with the sale of Sequoia, Smartmatic's dealings with the federal government may not be over.
Earlier this month, the company contacted the Justice Department to deny allegations, first reported in El Nuevo Herald, that its owners paid a bribe to obtain the contract to supply voting machines to the Venezuelan government. Company representatives also disputed allegations that it failed to pay U.S. income taxes.
The company, with offices in Boca Raton and incorporated in Delaware, has not been notified that it is the target of a criminal investigation, said Jeff Bialos, a Washington, D.C. attorney for Smartmatic.
''The company hasn't been subpoenaed and all the underlying activity was associated with legal advice at the time,'' he said. ``The company believes there is no basis in the allegations.''
The Justice Department has refused to comment on the matter.
Mugica and other Smartmatic representatives have categorically denied that the company has any connections to Chávez, a harsh critic of the Bush administration.
`CLOSELY MONITOR'
Smartmatic is withdrawing from the investigation by the Treasury department's Committee on Foreign Investments in the United States.
A CFIUS committee spokeswoman confirmed the probe would be closed.
''Though the CFIUS process had not yet concluded, Smartmatic has decided to sell its ownership of Sequoia, as the companies have said,'' spokeswoman Brookly McLaughlin said in a written statement. ``CFIUS has therefore agreed to allow the company to withdraw from the CFIUS process. CFIUS will closely monitor the sale process.''
Smartmatic, which purchased Sequoia in 2005, is majority-controlled by Mugica, a dual Spanish-Venezuelan citizen.
The company drew attention from Chávez critics after The Miami Herald revealed in 2004 that the Venezuelan government owned 28 percent of Bizta, a software development company founded and operated by Mugica and another Venezuelan, Alfredo Anzola. Bizta repurchased those shares after the article was published.
Smartmatic representatives call the arrangement a loan, and say the company had to ''pledge'' the shares to the government as part of the deal but that the loan was later paid off.
In 2004, Smartmatic partnered with Bizta and Venezuelan telecommunications giant CANTV to land a $91 million contract to provide electronic voting machines for Venezuelan elections.
Smartmatic has a convoluted corporate structure, involving dozens of proxy owners, that makes it difficult to independently determine whether there is any Venezuelan government connection.
It has a paper trail leading from Curacao to Amsterdam to Delaware and Boca Raton as well as Oakland, Calif.
REACTION
A U.S. congresswoman, who wrote a letter to CFIUS raising concerns about the Smartmatic-Sequoia deal before CFIUS launched the review, said that doubts still remain despite the company's decision to sell the subsidiary and end the investigation.
''In my opinion, Smartmatic's reported action shows that the company could not or was unwilling to get beyond the doubts surrounding this deal and that the CFIUS review was important,'' said Rep. Carolyn Maloney, D-N.Y.
9/11 EFFECT
Smartmatic representatives say the company fell victim to changing attitudes toward foreign investment in sensitive industries, as evidenced by the flap over the sale of major U.S. port operations to a Dubai company. After that deal ignited a political firestorm, Dubai Ports World agreed to sell the operations to an American company.
''The environment for foreign investors has changed markedly in the post-9/11, post-Dubai Ports world,'' Bialos said. ``There is much more focus on foreign investment in critical infrastructure.''

WSJ: Smartmatic to Sell Sequoia

Smartmatic to Shed U.S. Unit,End Probe Into Venezuelan Links
By BOB DAVIS
December 22, 2006; Page A6
WASHINGTON -- Voting-machine company Smartmatic Corp. said it would sell its U.S. subsidiary to end a review by the Committee on Foreign Investment in the U.S. into whether Smartmatic is partially owned by the Venezuelan government.
Smartmatic, owned by Venezuelan entrepreneurs who split their time between Caracas and Boca Raton, Fla., portrayed itself as the latest victim of a U.S. protectionist response to foreign investment in sensitive industries.
Earlier this year, a company owned by the government of Dubai, a Gulf emirate that is part of the United Arab Emirates, drew opposition in Congress and some media outlets with plans to buy a company that runs commercial operations at several U.S. ports. The company later sold the port-operations business."
Given the current climate of the United States marketplace, with so much public debate over foreign ownership of firms in an area that is viewed as critical U.S. infrastructure -- election technology -- we feel it is in both companies' best interests to move forward as separate entities with separate ownership," Smartmatic said. The company said it plans to sell Sequoia Voting Systems Inc., headquartered in Oakland, Calif., which it purchased in early 2005 for $16 million.
The Committee on Foreign Investment, known as the CFIUS, reviews foreign acquisitions to see if they pose national-security concerns. Normally, such reviews are conducted before deals close. The Smartmatic acquisition drew attention earlier this year because of concerns that the government run by Venezuelan President Hugo Chávez, an opponent of U.S. policy, owns a stake in the company.
Since its purchase by Smartmatic, Sequoia's sales have risen sharply to a projected $200 million in 2006, said Smartmatic's chief executive, Anthony Mugica. He said the firm has a "healthy" profit but didn't provide a specific figure. Nevertheless, the CFIUS investigation, as well as a separate Justice Department probe into whether Smartmatic had paid bribes in Venezuela, had become a "distraction" for senior management, Mr. Mugica said.
With the 2008 election on the horizon, Mr. Mugica said, "it would be an extremely big mistake to not capitalize on the opportunity [of selling voting-machine equipment] by having a handicap, even if it was only a fantasy or a myth about Sequoia."Sequoia voting machines were used in 16 states and the District of Colombia in 2006. Smartmatic, which has revenue of about $100 million, focuses on Venezuela and other markets outside the U.S. After selling Sequoia, Mr. Mugica said, he hoped Smartmatic would work with Sequoia on projects in the U.S., though Smartmatic wouldn't take an equity stake.
The proposed sale may dim the spotlight on the Justice Department probe and make it easier to resolve.
Among the issues the department is looking at are whether Smartmatic paid bribes to Venezuelan officials to win an election contract in 2004 and failed to pay taxes owed in the U.S. Smartmatic said it is cooperating with that probe and that the Justice Department hasn't issued any subpoenas to Smartmatic employees.
Jeffrey Bialos, a lawyer for Smartmatic, said the Justice Department investigation didn't play into its sales decision. Rather, he said, the attitude in the U.S. to foreign acquisitions had hardened since the Sept. 11, 2001, terror attacks.A spokeswoman for the Treasury, which takes the lead on matters regarding the CFIUS, said the committee agreed to end the Smartmatic review but added that "CFIUS will closely monitor the sale process."
Smartmatic came to prominence in 2004 when its machines were used in an election to recall President Chávez, which Mr. Chávez won handily -- and which the Venezuelan opposition said was riddled with fraud. Smartmatic put together a consortium to conduct the recall elections, including a company called Bizta Corp., in which Smartmatic owners had a large stake. For a time, the Venezuelan government had a 28% stake in Bizta in exchange for a loan.
Bizta paid off the loan in 2004, and Smartmatic bought the company the following year. But accusations of Chávez government control of Smartmatic never ended, especially since Smartmatic scrapped a simple corporate structure, in which it was based in the U.S. with a Venezuelan subsidiary, for a far more complex arrangement. The company said it made the change for tax reasons, but critics, including Rep. Carolyn Maloney (D., N.Y.) and TV journalist Lou Dobbs, pounded the company for alleged links to the Chávez regime.
Write to Bob Davis at bob.davis@wsj.com1

U.S. Authorities Probe How Smartmatic Won Venezuela Election Pact

From the WS-Jrnl.

WASHINGTON -- Federal investigators are looking into whether Smartmatic Corp., a voting-machine company whose equipment is used widely in the U.S. and abroad, paid bribes to win a Venezuela election contract in 2004.
Smartmatic's actions already are under a separate investigation by the Committee on Foreign Investment in the U.S., which reviews foreign acquisitions to see if they pose national-security concerns.
In 2005, Smartmatic, which is owned by Venezuelan investors who split their time between Caracas and Boca Raton, Fla., purchased a U.S. voting-machine company, Sequoia Voting Systems Inc.
Cfius is looking at whether that acquisition should be reversed on national-security grounds.
At the same time, the Justice Department has been conducting a probe of Smartmatic for possible violations of the Foreign Corrupt Practices Act and recently started looking at possible tax evasion as well, said two individuals familiar with the case. The Justice Department has informed Cfius representatives from U.S. agencies about their inquiry, these people said. Jeffrey Bialos, an attorney for Smartmatic, said yesterday the Justice Department told the company it was looking into its actions, but that Smartmatic wasn't a target of an investigation.
Smartmatic employees haven't been subpoenaed in the inquiry, Mr. Bialos added. That suggests that the probe is at an early stage. "The company believes it conducted itself properly and within the law," Mr. Bialos said.
A Justice Department spokeswoman declined to comment. Smartmatic has drawn attention because of concerns that the government of Venezuelan President Hugo Chavez, an opponent of U.S. policies, has a stake in the company.
That is a focus of the Cfius review. In 2004, Smartmatic's machines were used in an election to recall President Chavez, which Mr. Chavez won handily -- and which members of the Venezuelan opposition say was riddled with fraud. Smartmatic machines will be used Sunday in Venezuela's presidential election.
The company said it is the victim of false allegations made by two former executives, whom the company declined to name. Smartmatic said it would shortly send the two former employees a letter to "cease and desist their activities," which Smartmatic said violated agreements they made with the company. News of the Justice Department probe was reported earlier by el Nuevo Herald, a Spanish-language newspaper in Miami.
Essentially, the Justice Department is looking into whether Smartmatic got its start in Venezuela by bribing officials and then improperly avoiding its tax liability in the U.S. The company says it paid $1.5 million to a Venezuelan consultant who is close to the Chavez government and helped to win Smartmatic business.
The allegation being investigated is that Smartmatic actually paid as much as $4 million to the consultant, then deleted a substantial portion of those payments from its corporate records to hide the extent of its payments to a friend of the Chavez regime.
Antonio Mugica, Smartmatic's chief executive, said the company had budgeted a larger amount for the consultant than it ended up paying him, thus explaining the difference between the two amounts. The tax question dates to late 2004 when Smartmatic scrapped a simple corporate structure, under which it was based in the U.S. with a Venezuelan subsidiary.
It adopted a complex offshore structure, with headquarters in the Netherlands Antilles; a main subsidiary in the Netherlands; and a variety of subsidiaries in the U.S., Barbados, Venezuela and Mexico. That raised the question of where to pay taxes on $25 million in revenue from a contract to supply voting machines for Venezuelan regional elections: the U.S. or a lower-tax jurisdiction.
Smartmatic paid taxes in Barbados, which the company said was proper because one of its international companies signed the deal.
"The taxes due and owed are to Barbados authorities," said Mr. Mugica, who added that the company had consulted legal counsel and accounting firms on the issue.
Mr. Mugica said the company hasn't thus far been harmed by publicity about the probes. Customers "welcome the fact" that the company is trying to clear up allegations concerning its actions, he said.