EL NUEVO: Bajo lupa federal firma que facilita máquinas de votar a Venezuela
Posted on Thu, Nov. 30, 2006
CASTO OCANDO
El Nuevo Herald
La firma de máquinas de votación Smartmatic, con una sede corporativa en Boca Ratón, está en el ojo de dos investigaciones federales desconocidas hasta ahora y centradas en temas que abarcan desde supuesta evasión fiscal en los Estados Unidos hasta presuntos pagos en Venezuela de comisiones millonarias no declaradas, indicaron documentos y testimonios.
Las pesquisas se añaden a otra que el Departamento del Tesoro abrió a la firma a mediados de este año.
Dos fuentes familiarizadas con las operaciones de la empresa confirmaron a El Nuevo Herald que agentes del Departamento de Rentas Internas (IRS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) las interrogaron extensamente sobre las supuestas irregularidades.
Aparentemente las investigaciones, iniciadas en el 2005, comenzaron luego que documentos que mostraban presuntas actividades financieras ilegales de la empresa se filtraron a las agencias federales mencionadas.
Smartmatic es una firma cuyos dueños son ciudadanos venezolanos, y que el año pasado adquirió Sequoia Voting Systems, de California, a través de la cual amplió su penetración en el mercado electoral de Estados Unidos. Sequoia, que no es objeto de investigación federal, provee máquinas electrónicas de votación en el Distrito de Columbia y 16 estados, incluyendo el condado Palm Beach, en Florida. Por otra parte, Smartmatic se ha convertido en el principal abastecedor de tecnología electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, y tendrá a su cargo las elecciones presidenciales del próximo domingo 3 de diciembre.
Según un dossier de los papeles relacionados con la indagatoria federal, a los que tuvo acceso El Nuevo Herald, la firma presuntemente pagó una multimillonaria comisión a un conocido ex militar venezolano para obtener un contrato de $90 millones con el CNE para automatizar la votación para el Referéndum Revocatorio de agosto del 2004.
Las pesquisas federales también tienen como objetivo determinar si la firma dejó de pagar o no al fisco estadounidense más de $12 millones en impuestos en los últimos dos años, incluyendo unos $4 millones que supuestamente transfirió a la casa matriz del holding en Barbados, de los fondos obtenidos por el segundo contrato que obtuvo con el CNE para las elecciones regionales del 2004 en Venezuela.
En una declaración, Smartmatic afirmó que los señalamientos de presuntas irregularidades son ''alegaciones sin fundamento'' de ex empleados despedidos por la firma, y negó cualquier ilegalidad en sus operaciones corporativas.
''Recientemente hemos llegado a creer que dos ex empleados de Smartmatic están haciendo alegaciones sin fundamento sobre la compañía y parecen estar actuando de forma inconsistente con acuerdos de separación y confidencialidad con la compañía'', expresó la declaración.
Las dos indagaciones federales, iniciadas en Washington, el sur de la Florida y Caracas, tratan de ver si el complejo esquema de compañías creadas por Smartmatic en Curazao, Holanda, Barbados y en el estado de Delaware, supuestamente contribuyó a que la firma evadiera impuestos o si, por el contrario, las operaciones financieras fueron transparentes y legales.
Según los documentos, Smartmatic realizó siete pagos a Morris Loyo, un capitán retirado de la Fuerza Aérea Venezolana con amplias conexiones en el gobierno chavista antes de realizarse el referéndum revocatorio, los cuales aparentemente no fueron reportados al IRS.
Luego supuestamente hubo otros dos pagos a Loyo posteriores al evento electoral que sí fueron declarados, y que formaban parte de un contrato entre Smartmatic y el ex militar. En el trato se estipulaba una comisión de ventas de $1.5 millones por haber ayudado a obtener el contrato de poco más de $90 millones para el referéndum.
En total, la firma de Boca Ratón pagó a Loyo $4,128,850 a través de nueve transferencias a una cuenta del ex militar en el Banco Hapoalim B. M. en Nueva York, indican los papeles.
''En la declaración de impuestos de Smartmatic correspondientes al 2004, sólo aparece declarado como comisiones de venta un total de $1.5 millones al señor Loyo, cuando en realidad [éste] recibió por lo menos $2.6 millones adicionales en pagos no declarados al IRS'', dijo una fuente familiarizada con esta indagación.
A esto, Smartmatic respondió que Loyo trabajó para la firma como ``lobista/vendedor y contratista independiente para ayudar a asegurar contratos electorales en Venezuela, de la misma forma que muchos vendedores norteamericanos emplean a cabilderos estatales y vendedores para que ayuden a conseguir contratos''.
El FBI investiga, además, si la empresa revisó a fondo el pasado y las vinculaciones políticas del ex militar, así como su presunta cercanía a personeros del gobierno chavista, como exige la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
En cuanto a este tema, la firma afirmó que aplica una ''robusta política'' para combatir la corrupción en sus actividades en el extranjero, como lo establece la FCPA.
El Nuevo Herald trató de obtener un comentario de Loyo sobre estos pagos, pero no recibió respuesta a un mensaje dejado en su correo de voz en las Residencias Caracas Palace, el lugar donde vive el ex militar según constató la administración del complejo residencial. El ex capitán tampoco contestó llamadas que El Nuevo Herald hizo a su celular.
Por otra parte, el FBI procesa denuncias de amenazas de muerte presuntamente proferidas por el presidente de Smartmatic, Antonio Mugica, a empleados y ex empleados de la empresa que cuestionaron prácticas administrativas que ellos consideraron irregulares, conoció El Nuevo Herald.
Pero Mugica negó categóricamente, en una conferencia telefónica con El Nuevo Herald, haber amenazado de muerte a ''algún empleado'' de la firma de elecciones.
Las denuncias alegan que el presidente de Smartmatic habría advertido a por lo menos un ex empleado sobre el ''peligro'' de que se filtrasen documentos internos, así como de sus supuestas influencias en la Disip, la policía política del gobierno chavista.
Leonardo Riera, un empleado administrativo de Smartmatic hasta poco después del referéndum, confirmó en una entrevista con El Nuevo Herald que había recibido amenazas de Mugica y que presentó su denuncia ante el FBI a mediados del año pasado porque temía represalias.
''Sí, he sido amenazado de muerte, y lo he denunciado ante las autoridades federales, con las cuales he colaborado activamente en las investigaciones'', aseveró Riera.
Otra persona, la cual pidió el anonimato por temor a represalias, manifestó que Mugica lo había amenazado en la oficina de Smartmatic en Boca Ratón a principios del 2005. La fuente confió a El Nuevo Herald que el presidente de la firma también le hizo una advertencia sobre su aparente influencia en la Disip. Esta persona dijo que poco después denunció al presunto hecho ante el FBI.
Como es usual en estos casos, el FBI y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios sobre las investigaciones.
''No he hecho amenazas [de muerte] ni ahora ni nunca a ninguno de mis empleados. Todos los que me conocen, la mayoría de los empleados que me conocen, saben que esto no está absolutamente en mi naturaleza'', aseguró Mugica.
''No sé si esto es relevante o no, pero lo uso como un ejemplo: puedo decirle que soy vegetariano, y una de las principales razones por las cuales ni siquiera como pescado es porque no creo que siquiera está justificado matar a un pez para [usarlo como] alimento. Ir en contra de una persona es algo impensable [para mí]'', acotó Mugica.
El IRS indaga también si se produjo un supuesto fraude fiscal en dos auditorías de la corporación realizadas en el 2004 por una firma de contabilidad de Miami.
Documentos de agencias federales a los que tuvo acceso El Nuevo Herald indican que la firma Morrison, Brown, Argiz & Farra, LLP, certificó dos auditorías aparentemente contradictorias de las finanzas de Smartmatic durante 2004.
Según la primera auditoría, titulada ''Smartmatic LLC (A Wholly-Owned Subsidiary of Smartmatic International Corp.) Financial Statements'', del 31 de diciembre del 2004, la firma debía pagar un total de $4,073,809 en impuestos al IRS sobre los ingresos obtenidos de un segundo contrato de $26 millones con el CNE de Venezuela. Este informe fue enviado a los departamentos electorales de la Ciudad de Chicago y el Condado Cook, en Illinois, y al del estado de Michigan, entre otros.
No obstante, en una segunda auditoría, titulada ''Smartmatic International Corporation and Subsidiary (A Wholly-Owned Subsidiary of Smartmatic International Holdings, B.V.), Consolidated Financial Statements'', con la misma fecha que la del párrafo anterior, la cifra a pagar en impuestos aparece como $479,653. Igualmente, este informe fue distribuido a los departamentos de elecciones antes mencionados.
Entonces, entre las dos auditorías hay una diferencia de $3.6 millones. De acuerdo con la indagación federal, el cambio de los montos a pagar en impuestos se produjo luego de que se firmara un Acuerdo de Servicio entre Smartmatic International Corporation, registrada en Barbados como la Casa Matriz, y Smartmatic LLC, registrada en el estado de Delaware. El Acuerdo se firmó el 25 de marzo de 2005, después que tuvieron lugar las operaciones por las cuales se estaba pagando impuestos.
La respuesta de la firma sobre el tema fue directa: ''Ya sea en el 2004 o en cualquier otro año, Smartmatic siempre ha pagado todos sus impuestos debidos y adeudados en las jurisdicciones donde opera. Al presentar declaraciones de impuestos del 2004 y de otros años, Smartmatic siempre ha recibido el consejo de los mejores profesionales, incluyendo firmas legales y de contabilidad'', precisó la declaración.
''Hemos provisto y revelado absolutamente todas nuestras transacciones'', agregó Mugica.
Smartmatic ha declarado al IRS un total cercano a los $97 millones en contratos recibidos en el 2004 ''por trabajo electoral realizado fuera de los Estados Unidos, y por entidades no estadounidenses de Smartmatic'', indicó la declaración.
Un cuestionario enviado por El Nuevo Herald a Morrison, Brown, Argiz & Farra no fue respondido. Varias llamadas realizadas a las oficinas de la firma en la avenida Brickell tampoco fueron devueltas.
Ellie Michaud, una vocera del departamento de investigaciones criminales del IRS para el sur de la Florida, declinó hacer comentarios sobre el caso.
ocasto@herald.com
CASTO OCANDO
El Nuevo Herald
La firma de máquinas de votación Smartmatic, con una sede corporativa en Boca Ratón, está en el ojo de dos investigaciones federales desconocidas hasta ahora y centradas en temas que abarcan desde supuesta evasión fiscal en los Estados Unidos hasta presuntos pagos en Venezuela de comisiones millonarias no declaradas, indicaron documentos y testimonios.
Las pesquisas se añaden a otra que el Departamento del Tesoro abrió a la firma a mediados de este año.
Dos fuentes familiarizadas con las operaciones de la empresa confirmaron a El Nuevo Herald que agentes del Departamento de Rentas Internas (IRS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) las interrogaron extensamente sobre las supuestas irregularidades.
Aparentemente las investigaciones, iniciadas en el 2005, comenzaron luego que documentos que mostraban presuntas actividades financieras ilegales de la empresa se filtraron a las agencias federales mencionadas.
Smartmatic es una firma cuyos dueños son ciudadanos venezolanos, y que el año pasado adquirió Sequoia Voting Systems, de California, a través de la cual amplió su penetración en el mercado electoral de Estados Unidos. Sequoia, que no es objeto de investigación federal, provee máquinas electrónicas de votación en el Distrito de Columbia y 16 estados, incluyendo el condado Palm Beach, en Florida. Por otra parte, Smartmatic se ha convertido en el principal abastecedor de tecnología electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, y tendrá a su cargo las elecciones presidenciales del próximo domingo 3 de diciembre.
Según un dossier de los papeles relacionados con la indagatoria federal, a los que tuvo acceso El Nuevo Herald, la firma presuntemente pagó una multimillonaria comisión a un conocido ex militar venezolano para obtener un contrato de $90 millones con el CNE para automatizar la votación para el Referéndum Revocatorio de agosto del 2004.
Las pesquisas federales también tienen como objetivo determinar si la firma dejó de pagar o no al fisco estadounidense más de $12 millones en impuestos en los últimos dos años, incluyendo unos $4 millones que supuestamente transfirió a la casa matriz del holding en Barbados, de los fondos obtenidos por el segundo contrato que obtuvo con el CNE para las elecciones regionales del 2004 en Venezuela.
En una declaración, Smartmatic afirmó que los señalamientos de presuntas irregularidades son ''alegaciones sin fundamento'' de ex empleados despedidos por la firma, y negó cualquier ilegalidad en sus operaciones corporativas.
''Recientemente hemos llegado a creer que dos ex empleados de Smartmatic están haciendo alegaciones sin fundamento sobre la compañía y parecen estar actuando de forma inconsistente con acuerdos de separación y confidencialidad con la compañía'', expresó la declaración.
Las dos indagaciones federales, iniciadas en Washington, el sur de la Florida y Caracas, tratan de ver si el complejo esquema de compañías creadas por Smartmatic en Curazao, Holanda, Barbados y en el estado de Delaware, supuestamente contribuyó a que la firma evadiera impuestos o si, por el contrario, las operaciones financieras fueron transparentes y legales.
Según los documentos, Smartmatic realizó siete pagos a Morris Loyo, un capitán retirado de la Fuerza Aérea Venezolana con amplias conexiones en el gobierno chavista antes de realizarse el referéndum revocatorio, los cuales aparentemente no fueron reportados al IRS.
Luego supuestamente hubo otros dos pagos a Loyo posteriores al evento electoral que sí fueron declarados, y que formaban parte de un contrato entre Smartmatic y el ex militar. En el trato se estipulaba una comisión de ventas de $1.5 millones por haber ayudado a obtener el contrato de poco más de $90 millones para el referéndum.
En total, la firma de Boca Ratón pagó a Loyo $4,128,850 a través de nueve transferencias a una cuenta del ex militar en el Banco Hapoalim B. M. en Nueva York, indican los papeles.
''En la declaración de impuestos de Smartmatic correspondientes al 2004, sólo aparece declarado como comisiones de venta un total de $1.5 millones al señor Loyo, cuando en realidad [éste] recibió por lo menos $2.6 millones adicionales en pagos no declarados al IRS'', dijo una fuente familiarizada con esta indagación.
A esto, Smartmatic respondió que Loyo trabajó para la firma como ``lobista/vendedor y contratista independiente para ayudar a asegurar contratos electorales en Venezuela, de la misma forma que muchos vendedores norteamericanos emplean a cabilderos estatales y vendedores para que ayuden a conseguir contratos''.
El FBI investiga, además, si la empresa revisó a fondo el pasado y las vinculaciones políticas del ex militar, así como su presunta cercanía a personeros del gobierno chavista, como exige la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
En cuanto a este tema, la firma afirmó que aplica una ''robusta política'' para combatir la corrupción en sus actividades en el extranjero, como lo establece la FCPA.
El Nuevo Herald trató de obtener un comentario de Loyo sobre estos pagos, pero no recibió respuesta a un mensaje dejado en su correo de voz en las Residencias Caracas Palace, el lugar donde vive el ex militar según constató la administración del complejo residencial. El ex capitán tampoco contestó llamadas que El Nuevo Herald hizo a su celular.
Por otra parte, el FBI procesa denuncias de amenazas de muerte presuntamente proferidas por el presidente de Smartmatic, Antonio Mugica, a empleados y ex empleados de la empresa que cuestionaron prácticas administrativas que ellos consideraron irregulares, conoció El Nuevo Herald.
Pero Mugica negó categóricamente, en una conferencia telefónica con El Nuevo Herald, haber amenazado de muerte a ''algún empleado'' de la firma de elecciones.
Las denuncias alegan que el presidente de Smartmatic habría advertido a por lo menos un ex empleado sobre el ''peligro'' de que se filtrasen documentos internos, así como de sus supuestas influencias en la Disip, la policía política del gobierno chavista.
Leonardo Riera, un empleado administrativo de Smartmatic hasta poco después del referéndum, confirmó en una entrevista con El Nuevo Herald que había recibido amenazas de Mugica y que presentó su denuncia ante el FBI a mediados del año pasado porque temía represalias.
''Sí, he sido amenazado de muerte, y lo he denunciado ante las autoridades federales, con las cuales he colaborado activamente en las investigaciones'', aseveró Riera.
Otra persona, la cual pidió el anonimato por temor a represalias, manifestó que Mugica lo había amenazado en la oficina de Smartmatic en Boca Ratón a principios del 2005. La fuente confió a El Nuevo Herald que el presidente de la firma también le hizo una advertencia sobre su aparente influencia en la Disip. Esta persona dijo que poco después denunció al presunto hecho ante el FBI.
Como es usual en estos casos, el FBI y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios sobre las investigaciones.
''No he hecho amenazas [de muerte] ni ahora ni nunca a ninguno de mis empleados. Todos los que me conocen, la mayoría de los empleados que me conocen, saben que esto no está absolutamente en mi naturaleza'', aseguró Mugica.
''No sé si esto es relevante o no, pero lo uso como un ejemplo: puedo decirle que soy vegetariano, y una de las principales razones por las cuales ni siquiera como pescado es porque no creo que siquiera está justificado matar a un pez para [usarlo como] alimento. Ir en contra de una persona es algo impensable [para mí]'', acotó Mugica.
El IRS indaga también si se produjo un supuesto fraude fiscal en dos auditorías de la corporación realizadas en el 2004 por una firma de contabilidad de Miami.
Documentos de agencias federales a los que tuvo acceso El Nuevo Herald indican que la firma Morrison, Brown, Argiz & Farra, LLP, certificó dos auditorías aparentemente contradictorias de las finanzas de Smartmatic durante 2004.
Según la primera auditoría, titulada ''Smartmatic LLC (A Wholly-Owned Subsidiary of Smartmatic International Corp.) Financial Statements'', del 31 de diciembre del 2004, la firma debía pagar un total de $4,073,809 en impuestos al IRS sobre los ingresos obtenidos de un segundo contrato de $26 millones con el CNE de Venezuela. Este informe fue enviado a los departamentos electorales de la Ciudad de Chicago y el Condado Cook, en Illinois, y al del estado de Michigan, entre otros.
No obstante, en una segunda auditoría, titulada ''Smartmatic International Corporation and Subsidiary (A Wholly-Owned Subsidiary of Smartmatic International Holdings, B.V.), Consolidated Financial Statements'', con la misma fecha que la del párrafo anterior, la cifra a pagar en impuestos aparece como $479,653. Igualmente, este informe fue distribuido a los departamentos de elecciones antes mencionados.
Entonces, entre las dos auditorías hay una diferencia de $3.6 millones. De acuerdo con la indagación federal, el cambio de los montos a pagar en impuestos se produjo luego de que se firmara un Acuerdo de Servicio entre Smartmatic International Corporation, registrada en Barbados como la Casa Matriz, y Smartmatic LLC, registrada en el estado de Delaware. El Acuerdo se firmó el 25 de marzo de 2005, después que tuvieron lugar las operaciones por las cuales se estaba pagando impuestos.
La respuesta de la firma sobre el tema fue directa: ''Ya sea en el 2004 o en cualquier otro año, Smartmatic siempre ha pagado todos sus impuestos debidos y adeudados en las jurisdicciones donde opera. Al presentar declaraciones de impuestos del 2004 y de otros años, Smartmatic siempre ha recibido el consejo de los mejores profesionales, incluyendo firmas legales y de contabilidad'', precisó la declaración.
''Hemos provisto y revelado absolutamente todas nuestras transacciones'', agregó Mugica.
Smartmatic ha declarado al IRS un total cercano a los $97 millones en contratos recibidos en el 2004 ''por trabajo electoral realizado fuera de los Estados Unidos, y por entidades no estadounidenses de Smartmatic'', indicó la declaración.
Un cuestionario enviado por El Nuevo Herald a Morrison, Brown, Argiz & Farra no fue respondido. Varias llamadas realizadas a las oficinas de la firma en la avenida Brickell tampoco fueron devueltas.
Ellie Michaud, una vocera del departamento de investigaciones criminales del IRS para el sur de la Florida, declinó hacer comentarios sobre el caso.
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posted by ConcernedVoter06 at 9:44 PM
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