EL NUEVO: SMARTMATIC INVESTIGATED BY IRS, FBI AND CFIUS

http://www.miami.com/mld/elnuevo/news/world/venezuela/16126388.htm?template=contentModules/printstory.jsp

Posted on Thu, Nov. 30, 2006
Bajo lupa federal firma que facilita máquinas de votar a Venezuela
CASTO OCANDO
El Nuevo Herald
La firma de máquinas de votación Smartmatic, con una sede corporativa en Boca Ratón, está en el ojo de dos investigaciones federales desconocidas hasta ahora y centradas en temas que abarcan desde supuesta evasión fiscal en los Estados Unidos hasta presuntos pagos en Venezuela de comisiones millonarias no declaradas, indicaron documentos y testimonios.
Las pesquisas se añaden a otra que el Departamento del Tesoro abrió a la firma a mediados de este año.
Dos fuentes familiarizadas con las operaciones de la empresa confirmaron a El Nuevo Herald que agentes del Departamento de Rentas Internas (IRS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) las interrogaron extensamente sobre las supuestas irregularidades.
Aparentemente las investigaciones, iniciadas en el 2005, comenzaron luego que documentos que mostraban presuntas actividades financieras ilegales de la empresa se filtraron a las agencias federales mencionadas.
Smartmatic es una firma cuyos dueños son ciudadanos venezolanos, y que el año pasado adquirió Sequoia Voting Systems, de California, a través de la cual amplió su penetración en el mercado electoral de Estados Unidos. Sequoia, que no es objeto de investigación federal, provee máquinas electrónicas de votación en el Distrito de Columbia y 16 estados, incluyendo el condado Palm Beach, en Florida. Por otra parte, Smartmatic se ha convertido en el principal abastecedor de tecnología electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, y tendrá a su cargo las elecciones presidenciales del próximo domingo 3 de diciembre.
Según un dossier de los papeles relacionados con la indagatoria federal, a los que tuvo acceso El Nuevo Herald, la firma presuntemente pagó una multimillonaria comisión a un conocido ex militar venezolano para obtener un contrato de $90 millones con el CNE para automatizar la votación para el Referéndum Revocatorio de agosto del 2004.
Las pesquisas federales también tienen como objetivo determinar si la firma dejó de pagar o no al fisco estadounidense más de $12 millones en impuestos en los últimos dos años, incluyendo unos $4 millones que supuestamente transfirió a la casa matriz del holding en Barbados, de los fondos obtenidos por el segundo contrato que obtuvo con el CNE para las elecciones regionales del 2004 en Venezuela.
En una declaración, Smartmatic afirmó que los señalamientos de presuntas irregularidades son ''alegaciones sin fundamento'' de ex empleados despedidos por la firma, y negó cualquier ilegalidad en sus operaciones corporativas.
''Recientemente hemos llegado a creer que dos ex empleados de Smartmatic están haciendo alegaciones sin fundamento sobre la compañía y parecen estar actuando de forma inconsistente con acuerdos de separación y confidencialidad con la compañía'', expresó la declaración.
Las dos indagaciones federales, iniciadas en Washington, el sur de la Florida y Caracas, tratan de ver si el complejo esquema de compañías creadas por Smartmatic en Curazao, Holanda, Barbados y en el estado de Delaware, supuestamente contribuyó a que la firma evadiera impuestos o si, por el contrario, las operaciones financieras fueron transparentes y legales.
Según los documentos, Smartmatic realizó siete pagos a Morris Loyo, un capitán retirado de la Fuerza Aérea Venezolana con amplias conexiones en el gobierno chavista antes de realizarse el referéndum revocatorio, los cuales aparentemente no fueron reportados al IRS.
Luego supuestamente hubo otros dos pagos a Loyo posteriores al evento electoral que sí fueron declarados, y que formaban parte de un contrato entre Smartmatic y el ex militar. En el trato se estipulaba una comisión de ventas de $1.5 millones por haber ayudado a obtener el contrato de poco más de $90 millones para el referéndum.
En total, la firma de Boca Ratón pagó a Loyo $4,128,850 a través de nueve transferencias a una cuenta del ex militar en el Banco Hapoalim B. M. en Nueva York, indican los papeles.
''En la declaración de impuestos de Smartmatic correspondientes al 2004, sólo aparece declarado como comisiones de venta un total de $1.5 millones al señor Loyo, cuando en realidad [éste] recibió por lo menos $2.6 millones adicionales en pagos no declarados al IRS'', dijo una fuente familiarizada con esta indagación.
A esto, Smartmatic respondió que Loyo trabajó para la firma como ``lobista/vendedor y contratista independiente para ayudar a asegurar contratos electorales en Venezuela, de la misma forma que muchos vendedores norteamericanos emplean a cabilderos estatales y vendedores para que ayuden a conseguir contratos''.
El FBI investiga, además, si la empresa revisó a fondo el pasado y las vinculaciones políticas del ex militar, así como su presunta cercanía a personeros del gobierno chavista, como exige la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
En cuanto a este tema, la firma afirmó que aplica una ''robusta política'' para combatir la corrupción en sus actividades en el extranjero, como lo establece la FCPA.
El Nuevo Herald trató de obtener un comentario de Loyo sobre estos pagos, pero no recibió respuesta a un mensaje dejado en su correo de voz en las Residencias Caracas Palace, el lugar donde vive el ex militar según constató la administración del complejo residencial. El ex capitán tampoco contestó llamadas que El Nuevo Herald hizo a su celular.
Por otra parte, el FBI procesa denuncias de amenazas de muerte presuntamente proferidas por el presidente de Smartmatic, Antonio Mugica, a empleados y ex empleados de la empresa que cuestionaron prácticas administrativas que ellos consideraron irregulares, conoció El Nuevo Herald.
Pero Mugica negó categóricamente, en una conferencia telefónica con El Nuevo Herald, haber amenazado de muerte a ''algún empleado'' de la firma de elecciones.
Las denuncias alegan que el presidente de Smartmatic habría advertido a por lo menos un ex empleado sobre el ''peligro'' de que se filtrasen documentos internos, así como de sus supuestas influencias en la Disip, la policía política del gobierno chavista.
Leonardo Riera, un empleado administrativo de Smartmatic hasta poco después del referéndum, confirmó en una entrevista con El Nuevo Herald que había recibido amenazas de Mugica y que presentó su denuncia ante el FBI a mediados del año pasado porque temía represalias.
''Sí, he sido amenazado de muerte, y lo he denunciado ante las autoridades federales, con las cuales he colaborado activamente en las investigaciones'', aseveró Riera.
Otra persona, la cual pidió el anonimato por temor a represalias, manifestó que Mugica lo había amenazado en la oficina de Smartmatic en Boca Ratón a principios del 2005. La fuente confió a El Nuevo Herald que el presidente de la firma también le hizo una advertencia sobre su aparente influencia en la Disip. Esta persona dijo que poco después denunció al presunto hecho ante el FBI.
Como es usual en estos casos, el FBI y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios sobre las investigaciones.
''No he hecho amenazas [de muerte] ni ahora ni nunca a ninguno de mis empleados. Todos los que me conocen, la mayoría de los empleados que me conocen, saben que esto no está absolutamente en mi naturaleza'', aseguró Mugica.
''No sé si esto es relevante o no, pero lo uso como un ejemplo: puedo decirle que soy vegetariano, y una de las principales razones por las cuales ni siquiera como pescado es porque no creo que siquiera está justificado matar a un pez para [usarlo como] alimento. Ir en contra de una persona es algo impensable [para mí]'', acotó Mugica.
El IRS indaga también si se produjo un supuesto fraude fiscal en dos auditorías de la corporación realizadas en el 2004 por una firma de contabilidad de Miami.
Documentos de agencias federales a los que tuvo acceso El Nuevo Herald indican que la firma Morrison, Brown, Argiz & Farra, LLP, certificó dos auditorías aparentemente contradictorias de las finanzas de Smartmatic durante 2004.
Según la primera auditoría, titulada ''Smartmatic LLC (A Wholly-Owned Subsidiary of Smartmatic International Corp.) Financial Statements'', del 31 de diciembre del 2004, la firma debía pagar un total de $4,073,809 en impuestos al IRS sobre los ingresos obtenidos de un segundo contrato de $26 millones con el CNE de Venezuela. Este informe fue enviado a los departamentos electorales de la Ciudad de Chicago y el Condado Cook, en Illinois, y al del estado de Michigan, entre otros.
No obstante, en una segunda auditoría, titulada ''Smartmatic International Corporation and Subsidiary (A Wholly-Owned Subsidiary of Smartmatic International Holdings, B.V.), Consolidated Financial Statements'', con la misma fecha que la del párrafo anterior, la cifra a pagar en impuestos aparece como $479,653. Igualmente, este informe fue distribuido a los departamentos de elecciones antes mencionados.
Entonces, entre las dos auditorías hay una diferencia de $3.6 millones. De acuerdo con la indagación federal, el cambio de los montos a pagar en impuestos se produjo luego de que se firmara un Acuerdo de Servicio entre Smartmatic International Corporation, registrada en Barbados como la Casa Matriz, y Smartmatic LLC, registrada en el estado de Delaware. El Acuerdo se firmó el 25 de marzo de 2005, después que tuvieron lugar las operaciones por las cuales se estaba pagando impuestos.
La respuesta de la firma sobre el tema fue directa: ''Ya sea en el 2004 o en cualquier otro año, Smartmatic siempre ha pagado todos sus impuestos debidos y adeudados en las jurisdicciones donde opera. Al presentar declaraciones de impuestos del 2004 y de otros años, Smartmatic siempre ha recibido el consejo de los mejores profesionales, incluyendo firmas legales y de contabilidad'', precisó la declaración.
''Hemos provisto y revelado absolutamente todas nuestras transacciones'', agregó Mugica.
Smartmatic ha declarado al IRS un total cercano a los $97 millones en contratos recibidos en el 2004 ''por trabajo electoral realizado fuera de los Estados Unidos, y por entidades no estadounidenses de Smartmatic'', indicó la declaración.
Un cuestionario enviado por El Nuevo Herald a Morrison, Brown, Argiz & Farra no fue respondido. Varias llamadas realizadas a las oficinas de la firma en la avenida Brickell tampoco fueron devueltas.
Ellie Michaud, una vocera del departamento de investigaciones criminales del IRS para el sur de la Florida, declinó hacer comentarios sobre el caso.

DEMOCRATS.COM: Is the Devil in the Details?

Posted by Chip

http://www.democrats.com/node/10808


Is the election integrity of 17 states compromised by their use of voting machines that could have ties to Venezuelan President Hugo Chavez?
Sequoia, third largest electronic voting machine vendor in the US, sold to Venezuela's Smartmatic on March 8, 2005. Twenty months later, and barely more than a week before the 2006 mid-term elections, Sequoia and Smartmatic "voluntarily submitted a notice to the U.S. Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) to allow the U.S. Government to review Smartmatic's acquisition of Sequoia."
According to its website, “Smartmatic is the device networking company. We envision a world where everything will be connected. And we're making it happen...here and now.” The company uses "Device-networking applications" (which) "share common functionality in areas like device and device network management; remote device monitoring and servicing; and delivery of value added services based on device networking applications." We've all heard of six degrees among humans, but frankly, the idea of our voting equipment being connected and remotely operable is more disconcerting than comforting.
It's not just connectivity that's disconcerting, however. In Venezuela, a technician named Leopoldo Gonzalez, using a program downloaded from the Internet, demonstrated that Smartmatic machines operate by keeping a sequence of the votes cast along with the voter's identity, preventing a transparent process for maintaining vote secrecy.
In May, 2006, NY Democratic Congressional Representative Carolyn B. Maloney asked Treasury Secretary John Snow whether the Sequoia-Smartmatic deal was either reviewed by the Treasury Department or vetted through the Committee on Foreign Investments in the US (CFIUS).
“Just as the Dubai ports deal was a priority security issue, any potential foreign influence on our elections system is vital to our national security and deserves at least a look,” said Maloney. “It doesn’t seem that the deal for Sequoia was vetted by our government, and I want to know why.”
In 1993 the Byrd amendment made one criteria for CFIUS investigation that "the acquirer is controlled by or acting on behalf of a foreign government." The history of Smartmatic raises this issue as Bizta, a start-up company that was folded into Smartmatic, received $200,000 in start-up funds from the Venezuelan Finance Ministry in exchange for a 28% stake and a seat on the company's board. And, according to Congresswoman Maloney's second letter to Treasury Secretary Snow on October 6, 2005, "Smartmatic shared a founder, officers, directors, and a principal place of business with Bizta."
Smartmatic provided the voting machines on which the votes were cast in Chavez's 2004 recall election, subsequently declared legitimate despite the opposition's claims of vote rigging. The official audit was reviewed by American election experts, one of whom found the audit badly flawed. “They did it all wrong,” one of the authors of the study, Avi Rubin, a professor of computer science at Johns Hopkins University, said in an interview. Dr. Rubin's work with Bev Harris is shown in HBO's currently showing documentary "Hacked Democracy."
International relations between the countries' and their two presidents have been more strained since President Chavez told the United Nations: "And the devil came here yesterday. Yesterday the devil came here. Right here." [crosses himself] "And it smells of sulfur still today."

Investor's Business Daily: Hugo's Revenge

Posted 11/3/2006

Elections: If missing smart-cards and multiple ballot-casting buttons aren't enough trouble from electronic voting machines, the one complication we don't need is a foreign predator at the controls.

Think it can't happen? Well, it already has, with Smartmatic, an electronic voting firm that owes its presence in U.S. markets to Venezuelan leader Hugo Chavez's abundant cash.

Until 2004, Smartmatic was a little-known startup in Boca Raton, Fla., run by two 30-year-old Venezuelan engineers who claimed their only motivation was to prevent another 2000 Florida hanging-chad controversy. They were worth at most $2 million and operated out of one of their father's houses in Boca Raton.

They had a sudden change of fortune after Chavez got involved. The two Venezuelans, Antonio Mujica and Alfredo Anzola, won gigantic contracts from Venezuela's government for Chavez's recall referendum in 2004. It was a referendum he declared he would win no matter what. And, given the fraud charged in the aftermath, he apparently did.

Mathematicians Ricardo Hausmann of Harvard and Roberto Rigobon of MIT, who studied the referendum, declared it fraudulent with 99% certainty, pointing to manipulation of the Smartmatic software in the counting room, where two-way electronic communication seemed to take place as the votes were tallied.

Shortly after that, Smartmatic bought up U.S.-based Sequoia Voting Systems for $16 million, flush with $120 million in Venezuelan cash. They made sure to thank their biggest client.
They took out a front page ad in the New York Times specifically touting the Venezuela referendum, "free of hanging chads," something that doubled as spin control for Chavez as a firestorm of controversy over fraud swirled in Caracas.

What they didn't say was that something much worse than hanging chads happened in Venezuela — a total loss of voter confidence. At the next Smartmatic election in Caracas, in December 2005, 82% of voters stayed home.

Now that the U.S. Committee on Foreign Investment is looking into the Venezuelan government's involvement in U.S. elections, the voting machine company's executives seem to be distancing themselves from that fiasco. Sequoia's CEO Jack Blaine declared Monday that "Sequoia designs voting systems. It does not manage elections and it does not count votes."
Maybe so. But Smartmatic, mostly through its Sequoia subsidiary, operates in 20 states, according to Smartmatic's Web site (the Sequoia site says 16). And with 33% of Americans forced into electronic voting, millions will have no choice but to use the machines.

If U.S. e-voting goes badly, Americans will avoid voting, like Venezuelans. With many hotly disputed congressional races that are bound to be close, even minor manipulation would be disastrous.

We know which side Hugo Chavez is on in this election. The specter of foreign control over our voting apparatus demands utmost scrutiny by federal regulators. If not, American voters someday may be as cynical about their democracy as Venezuelans.












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NY TIMES: Voting Machine Company Submits to Inquiry

By TIM GOLDEN
Officials of a major American voting-machine company that has come under federal scrutiny because of its primary owner’s past business ties to the leftist government of Venezuela said yesterday that the company had voluntarily submitted to a federal investigation into its purchase.
The American company, Sequoia Voting Systems, was bought in March 2005 by the Smartmatic Corporation, a Venezuelan-owned software company whose only previous experience in the voting-machine business had been to overhaul Venezuela’s electoral machinery before a referendum that confirmed Hugo Chávez as president in August 2004.
Brookly McLaughlin, a spokeswoman for the national security body conducting the investigation, the Committee on Foreign Investment in the United States, said she could not comment on which side opened the inquiry or when it began.
But another government official, who requested anonymity because the process is secret, said that Sequoia had submitted to the formal inquiry only in recent weeks, nearly three months after it was first contacted and asked for information.
At a news conference in Washington yesterday, officials of Smartmatic and Sequoia said they were eager to prove they had nothing to hide.
“The acquisition does not pose any national-security risk,” a lawyer for the two companies, Jeffrey P. Bialos, said of its purchase for $16 million from a British company, De La Rue.
But by asking that the committee begin a formal inquiry, Smartmatic also appears to have forced the government’s hand. Such inquiries are limited to 30 days, although they can be followed by more rigorous 45-day investigations if questions remain.
The government official who requested anonymity said several federal agencies had begun examining Smartmatic before the company requested the committee’s review.
Foreign investors in areas like military manufacturing usually submit purchases for the committee’s review before transactions are consummated. But after the political furor over a Dubai company’s approved takeover of operations at six American ports, legislators have pushed the Bush administration to strengthen and expand the reviews.
The government’s interest in Smartmatic stems from questions about the relationship between its principal owners and the government of Venezuela.
The company’s founder and principal owner, Antonio Mugica Rivero, said he and an early partner, Alfredo Anzola, were young software engineers living in South Florida during the recount of the 2004 election and saw a business opportunity in electronic voting machines.
Despite their lack of experience in the field, Smartmatic and Bizta, another small company in which Mr. Mugica, his father and Mr. Anzola were majority shareholders, were chosen in early 2004 to overhaul the Venezuelan election machinery.
Only weeks before, Bizta had received what company officials said was a government loan of some $150,000, in return for 28 percent of its shares. A Venezuelan official, Omar Montilla Castillo, joined its board as the government’s representative. He has been identified in news reports as an elections-systems adviser to President Chávez.
At the news conference and in an interview yesterday, Mr. Mugica said he had never met Mr. Montilla. When asked about the minutes of a Bizta board meeting from Dec. 15, 2003, which indicate that both men were present, he said he had only “a vague recollection” of the event.
“If I met him it was a kind of ‘hello’ handshake,” Mr. Mugica said. “But I don’t remember it.”
Mr. Mugica and other Smartmatic officials noted that the money was repaid to the Venezuelan government after the financing became public, and that the Venezuelan government had no further involvement with the company except as a client.
Mr. Mugica said that Smartmatic acquired Bizta in 2005, even though he, his father and Mr. Anzola still controlled 60 percent of Bizta stock.